De acuerdo a datos provisorios del censo realizado en 1992 el 37.7 por ciento -cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve- de la población total son menores de 18 años. A nivel nacional, el 53.6 por ciento de los menores de 14 años -un millón ochocientos cincuenta mil niños aproximadamente- se encontraban bajo la línea de pobreza, incluyendo un 20.3 por ciento -setecientos mil niños aproximadamente- en situación de indigencia.

En la práctica, se observa un grado importante de dispersión al interior del sector público, coexistiendo un elevado número de instituciones que trabajan en favor del menor, las que además, se encuentran adscritas a diversos sectores o ministerios, con diferentes niveles de desagregación territorial.

Durante el año 1992 se elaboró el Plan Nacional de Acción en favor de la Infancia -PNI- por el Gobierno de Chile, con la participación de numerosas organizaciones no-gubernamentales y la colaboración de UNICEF. El Ministerio de Planificación y Cooperación -MIDEPLAN- ha asumido la responsabilidad como principal agente gubernamental de la coordinación del PNI a nivel nacional y regional. Esta gestión compromete cuatro áreas complementarias de trabajo relativas a su descentralización, seguimiento, monitoreo y difusión.

Para 1993, la tarea principal será su descentralización a través de la elaboración y posterior aplicación de planes regionales, que acompañen y adapten a la realidad particular de cada región las metas y líneas de acción definidas a nivel nacional. En el ámbito educacional o relacionado con ella se incluyen: el desarrollo infantil y educación inicial; la educación básica; los problemas derivados del consumo de alcohol, drogas y tabaco; los menores con discapacidad; los problemas ambientales de Chile y su relación con la infancia y la salud. La estructura de estas propuestas sectoriales incluye para cada tema el diagnóstico, las políticas y programas, las metas principales y de apoyo y, final- mente, los medios y las acciones.

Derechos Humanos

Chile se encuentra en una etapa de transición democrática inaugurada por el Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. El Gobierno anterior incurrió en graves violaciones a los derechos humanos, que también afectaron a los niños. Es así como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, basándose en el Informe Retting -informe preparado por la Comisión de Verdad y Reconciliación-, ha estimado que existieron ciento sesenta y seis menores de 18 años que fueron asesinados, desaparecidos o muertos, cifra que se eleva a cuatrocientas veintisiete personas al considerar un límite de edad de 21 años -límite vigente en la legislación para establecer la mayoría de edad-, existiendo además, quince niños que no llegaron a nacer por cuanto sus madres fueron ejecutadas, desaparecidas o muertas antes de que pudieran dar a luz. Del total de casos estudiados en el citado informe -dos mil novecientos veinte-, las cifras anteriores representan el quince por ciento como violaciones directamente sufridas por menores de 21 años, con resultado de muerte.

El Gobierno del presidente Aylwin ha establecido un conjunto de medidas incluyendo: la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación destinada a la reparación y asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos y a los familiares; el convenio suscrito entre la Oficina Nacional del Retorno y la Fundación para la Protección de la Infancia dañada por los estados de emergencia, que ha atendido a cuatrocientos sesenta y siete menores hijos de retornados; y el programa del Ministerio de Justicia, tendiente a la reinserción social y laboral de recluídos por delitos de motivaciones políticas que benefició directamente a doscientos veintiocho menores, hijos de los beneficiarios del programa.

Existe una política especial encargada de dirigenciar las órdenes judiciales en relación con menores de 18 años. Los niños sólo pueden ser retenidos en recintos especiales dependientes de la policía de menores. No obstante, por no existir en la actualidad recintos suficientes para estos menores, se encuentran aproximadamente setecientos menores en recintos carcelarios de adultos, en secciones especialmente separadas con programas de rehabilitación -informe de la Gendarmería de Chile, último trimestre-. El número de menores recluídos en cárceles de adultos ha disminuido en un veinte por ciento durante los últimos dos años.

No existen en Chile estudios finales que permitan estimar la magnitud del problema del abuso sexual de niños y niñas. En todo caso, se encuentran actualmente en trámite dos iniciativas legislativas destinadas a sancionar el maltrato infantil, una de las cuales se dirige específicamente a solucionar el problema de la violencia intrafamiliar.

La adopción es admisible sólo en el caso de menores declarados judicialmente en estado de abandono. Las disminuciones en el número de adopciones internacionales ha sido de setecientos setenta y seis en 1990 a quinientas siete en 1991 y obedece a una especial preocupación del Gobierno chileno por evitar el tráfico de niños. El poder judicial está encargado de realizar la investigación y la sanción de irregularidades y el dictado de normas generales destinadas a impedir el mencionado tráfico de niños.

Medidas Especiales de Protección

El Estado chileno realiza la función de protección a través del Servicio Nacional de Menores -SENAME- organismo dependiente del Ministerio de Justicia, en colaboración con instituciones privadas sin fines de lucro, reconocidas oficialmente como depositarias de esta función. En el país existen quinientos veintisiete establecimientos de protección de menores que atienden, en diversas modalidades, a cuarenta y nueve mil niños y jóvenes menores de 21 años de edad. Desde 1990, se están desarrollando modalidades no tradicionales de atención, incluyendo los Centros Nacionales de Diagnóstico y Orientación Familiar, el Programa de Apoyo a jóvenes Retenidos, el Servicio Especializado de Asistencia Judicial y el Programa Niño, Familia y Comunidad.

Trabajo Infantil

Los menores de 18 y mayores de 14 años pueden celebrar contratos de trabajo con ciertas restricciones. En la práctica, existe una gran cantidad de niños que se desempeñan en el trabajo informal como vendedores ambulantes, cartoneros y otros, que no tienen ningún resguardo legal. De acuerdo con estudios realizados por UNICEF con base en los datos arrojados por el censo de 1982, en 1987 en Chile trabajaban aproximadamente ciento siete mil niños, de los cuales aproximadamente noventa y siete mil permanecen en el sector informal de la economía, y sólo diez mil participan del sector formal. De los niños que trabajan en el sector formal, la mayoría sufre discriminaciones en su salario o descanso, e igualmente una proporción importante se encuentra expuesta a peligro físico o moral.

Salud y Bienestar

Durante la década del 80, el sector público de salud estuvo afectado por una importante restricción del gasto y de la inversión. Esta restricción impactó en forma más aguda al tercer nivel de atención, afectando la calidad de la atención profesional maternoinfantil, especialmente en las grandes zonas urbanas.

Los niños chilenos vienen al mundo en hospitales y reciben atención profesional en más del noventa y nueve por ciento de los casos. La mortalidad infantil se ha caracterizado en las últimas décadas por una tendencia sistemática al descenso. En 1950, ciento treinta y seis de cada mil niños fallecían antes de cumplir el primer año de edad, en el año 1990 la tasa descendió a diecisiete por mil.

La desnutrición infantil en la población bajo control en el Sistema Nacional de Salud, disminuyó a 6.9 por ciento -SEMPE- en el año 1991, siendo el mayor porcentaje de niños desnutridos leves. Pese a los logros obtenidos, el análisis de las tasas a nivel nacional refleja que existen marcadas diferencias a lo largo del territorio, observándose que la mortalidad infantil tiende a ser dos o tres veces mayor en aquellas comunas de bajo nivel socioeconómico, comparadas con las de mejor nivel.

Educación

El Gobierno ha formulado un programa de gran envergadura, denominado Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación -MECE-, el cual contribuirá a resolver las principales carencias en el ámbito de la educación prebásica, básica y media. El programa MECE se ejecutará durante el período 1990-1997, con especial interés en la educación básica y prebásica y cuenta con el respaldo financiero del Banco Mundial. Una meta principal es erradicar las actuales diferencias entre la cobertura nacional de la educación.

Los principales problemas que se encuentran en la esfera de la educación parvularia son los siguientes: las marcadas diferencias en la cobertura de las áreas urbanas -veinticuatro por ciento- respecto de las áreas rurales -8.5 por ciento-, y consecuente al nivel de ingreso; el estimado en setecientos treinta y dos mil setecientos noventa y dos niños pobres que no reciben atención en ningún establecimiento educacional; la falta de estrategias innovadoras que permitan cubrir las necesidades de atención de los niños en las que se integre a la familia y a la comunidad; y la carencia de los currículum favoreciendo el desarrollo integral .

En 1990 se atendieron casi dos millones de niños, equivalente al noventa y un por ciento de la población infantil entre 6 y 13 años. El nueve por ciento de los niños no incorporados al nivel básico corresponde a niños pobres que no asisten a la escuela principalmente por razones económicas, dificultades de acceso a los establecimientos, necesidad de educación especial, entre otros. En el nivel básico de educación se han detectado los siguientes problemas: la falta de eficiencia medida por ingreso tardío, abandono y repetición; la falta de calidad pues los niños no logran los aprendizajes básicos mínimos; y la falta de equidad, debido a que las escuelas que atienden niños de grupos so- cioeconómicos más pobres son las que obtienen resultados más bajos, principalmente aquellas de los sectores rurales.

Informe no Gubernamental

Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño

El Comité advierte que, pese a los esfuerzos del Gobierno de Chile, la pobreza afecta a gran número de niños e influye restrictivamente en la aplicación de las disposiciones de la Convención.

Al Comité reconoce también que el Gobierno democrático se ha enfrentado con la necesidad de introducir reformas jurídicas y administrativas de gran envergadura tras el período de Gobierno no democrático. Las exigencias en materia de rehabilitación y reintegración social han sido también considerables, no menos con respecto a los niños.

Principales Temas de Preocupación

Al Comité le preocupa el hecho de que el proceso de descentralización conduzca a una merma de la calidad de los servicios sanitarios y de la educación así como del acceso a éstos.

El Comité expresa su preocupación por las disparidades geográficas y sociales existentes en cuanto al disfrute de los derechos previstos en la Convención.

Recomendaciones

El Comité recomienda que:

• El Gobierno realice esfuerzos especiales para armonizar completamente la legislación vigente con las disposiciones de la Convención;
• Se establezca un mecanismo nacional general con el mandato de garantizar la supervisión y evaluación constante en todo el país de la aplicación de la Convención;
• Estudie la posibilidad de continuar con las medidas adoptadas para combatir situaciones de malos tratos a los niños;
• Se establezca un sistema jurídico de administración de justicia para menores que debería abordar la importante cuestión de la edad mínima de la responsabilidad penal;
• Se dé amplia publicidad a las disposiciones de la Convención entre el público en general y en particular, entre profesores, trabajadores sociales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal de las instalaciones de corrección, magistrados y miembros de otras profesiones que se ocupan de la aplicación de la Convención.

Fuente: UNICEF. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. De Menor a Ciudadano, Santa Fé de Bogotá, 1996.